Mientras los obreros de San Ignacio continuaban en lucha contra los plantadores y la Liga recientemente creada, en febrero de 1921 se denunciaba un hecho sangriento ocurrido en el territorio de Misiones. En el obraje Puerto Istueta, en el Alto Paraná, a unos de 200 km San Ignacio, dos peones habían sido brutalmente golpeados y degollados.
De acuerdo a versiones recogidas por el corresponsal de La Organización Obrera, el asesinato sucedió en el obraje propiedad de Carlos Antonio Sirito, cuando los obreros Fausto Ríos y Leandro Villalba protestaron y pidieron mejoras en sus salarios. El patrón pagaba jornales muy por debajo del mínimo, y con apoyo de la policía del lugar al mando de un oficial de apellido Juárez, Sirito hizo secuestrar a Ríos y Villalba. Los mantuvo atados en un sótano varios días, bajo la atenta vigilancia de unos gendarmes.
Posteriormente, los encargados del obraje, el mayordomo Valbuena y el capataz López, se dirigieron al sótano donde estaban encerrados los peones y los apalearon hasta dejarlos inconscientes. Luego los degollaron, mientras en la puerta montaban guardia, armados con máuseres, el oficial Juárez y el propio Carlos A. Sirito. Inmediatamente, los cadáveres fueron trasladados en canoa a la vecina orilla, y los sepultaron en la costa paraguaya. Según se supo, antes se había mantenido una reunión secreta entre el dueño, el mayordomo, el capataz y el comisario, donde se decidió asesinarlos y se ideó el plan funesto.
La confabulación se completó con una maniobra engañosa. Con la complicidad del cocinero del lugar, simularon lapermanencia de los peones en el sótano, y durante dos meses llevaron diariamente la comida a Ríos y Villalba, supuestamente encerrados con vida. Luego los ideólogos y ejecutores del plan, mandaron a dos vigilantes hacia Posadas, con órdenes de presentarse ante los encargados del puerto con los nombres de las víctimas, simulando que allí habían arribado y despistar así a las autoridades.
Según un parte oficial del gobernador del territorio, Guillermo Doll, todo había comenzado a fines de octubre de 1920, cuando la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, visitó Misiones para investigar e informarse sobre el trato y condiciones de vida de los trabajadores en los obrajes y demás establecimientos industriales del territorio. Un día, unos obreros, entre ellos una mujer, declararon a los diputados que “en el obraje de Cárlos A. Sirito, denominado “Puerto Istueta” en el alto Paraná se daba y se castigaba a los obreros por los directores y capataces de ese establecimiento y que la policía allí destacada no cumplía con su deber -”
El gobernador fue enterado de esta denuncia, y a fines de noviembre ordenó al comisario Raimundo Rodríguez trasladarse de incognito a Puerto Istueta, y en forma reservada averiguara si lo que los denunciantes decían había sido cierto. “Pero el día 2 de diciembre ppdo. -le explicaba Doll al Asesor Letrado de Territorios Nacionales, Dr. Isidoro Ruíz Moreno- se presentó a mi despacho el Señor Juan Sifredi presentándome por escrito una denuncia en que se hacía referencia al asesinato de dos ciudadanos que trabajaban en “Puerto Istueta”, por el mes de Mayo ppdo -”
La acusación fue elevada a la jefatura de policía y se levantó un sumario, el cual le fue encomendado al mismo comisario Rodríguez que se encontraba allí. A los pocos días, Rodríguez llegaba a Posadas con varios presos; unos eran sospechados de ser cómplices del crimen de Ríos y Villalba, y otros fueron capturados por desacato a la autoridad.
Los detenidos por el comisario eran Carlos A. Sirito, el oficial Juárez y dos vigilantes. No había podido arrestar a un guardia de apellido García, prófugo en Paranambú, Paraguay, y a otros complicados en el hecho.
El tribunal de la capital se encontraba acéfalo, por falta de juez y fiscal. El 17 de diciembre arribó a Misiones el Dr. Ricardo Solá para hacerse cargo del juzgado, y a los pocos días se abocó al sumario sobre el doble crimen de Puerto Istueta. Al mismo tiempo, el ejecutivo del territorio dejaba de intervenir en el asunto.
Pero el juez suplente Dr. Solá, mientras continuaban las investigaciones, ordenó liberar a los detenidos, absolviéndolos de los cargos por no haber suficientes pruebas contra ellos. A los pocos días, el gobernador Doll recibió un radio-telegrama del comisario Rodríguez en el que le comunicaba: “Bernardo García detenido, crímen descubierto, bajaremos vapor España-Saluda Usía.” Inmediatamente, el propio titular de la gobernación, por medio del jefe de policía, le dio la noticia al juez. El ex agente García había sido detenido por las autoridades paraguayas, ya que se sospechaba era testigo ocular de los degüellos.
Rodríguez llegó a Posadas con el detenido García, y al día siguiente, Solá “dio órden a la policía detuviera a varias personas y entre ellos a Cárlos A. Sirito, esa misma tarde, se alistó la lancha “Territorio” y con seis hombres armados salió para “Puerto Istueta” con el Comisario Rodríguez y el Sub Comisario Ismael Latorre a dar cumplimiento al mandato del Señor Juez, tomándose esa noche y frente a Candelaria a Sirito y Balbuena que venían aguas abajo en una lancha, a estos se les desembarcó en Candelaria para ser conducidos a Posadas siguiendo viaje el Comisario Rodríguez a “Puerto Istueta” donde se tomaron a los demás acusados.” Según contaba el corresponsal obrero, Sirito y Valbuena o Balbuena habían huido y estaban prófugos.
Tanto el gobernador como el semanario sindicalista destacaron en su momento el desempeño y la conducta de Raimundo Rodríguez, considerado un policía recto y honesto. Durante las investigaciones, denunció a un oficial, Juan Carlos Casaux Casares, por no cumplir con su deber, ya que parecía mas un empleado de Sirito que un agente de policía. Rodríguez pidió su traslado y el 1° de marzo se le dio de baja.
El doble crimen en Puerto Istueta, que terminó con la vida de los obreros Fausto Ríos y Leandro Villalba, fue tema de discusión durante el XI Congreso de la FORA sindicalista.
Durante las deliberaciones en la ciudad de La Plata, se leyó una extensa comunicación de la FOM local de Posadas, que relataba los detalles de este hecho trágico. Luego, el delegado marítimo de Misiones, aprovechó para narrar los procedimientos utilizados por los encargados de las empresas extractivas para someter a los mensúes, describiendo las redes de explotación en los obrajes del Alto Paraná. Informó minuciosamente sobre cómo fueron degollados los peones a manos de Carlos A. Sirito, y la impunidad del caso, al continuar libre los sospechosos. Su par de Corrientes, hizo los mismo, dando detalles sobre la forma de reclutamiento de los mensúes y el papel de la policía de la región.
A continuación, el secretario Pedro C. Alegría, dio un encendido discurso donde remarcó la necesidad de afianzar y extender la organización sindical entre los trabajadores misioneros, como única solución a sus padecimientos. Puso como ejemplo la experiencia en San Ignacio, como así también las de Chaco y Formosa. En forma similar, el reconocido dirigente Villacampa, del Consejo Federal, hizo conocer los trabajos realizados por los delegados de la FORA que contribuyeron en la organización de los obreros en el norte argentino. Recordó las giras hechas por el veterano Bartolomé Senra Pacheco, Luis Lotito y de las delegaciones permanentes de otros militantes de la central. Por último, se adoptó la siguiente moción de protesta:
“Dado el acto vandálico que las autoridades del puerto Istueta han cometido al encubrir los crímenes cometidos por Sirito, el XI congreso de la F.O.R.A., al tener conocimiento de este hecho resuelve:
Que el C. Federal de la F.O.R.A. active todos los trámites necesarios para no dejar impune un hecho de esa naturaleza.”
También se acordó editar un manifiesto denunciando los crímenes en el Alto Paraná a ser publicado en las páginas de La Organización Obrera.
El 3 de febrero se realizó en la ciudad de Posadas un mitin obrero para pedir justicia por los crímenes cometidos en Puerto Istueta. “Auspiciada por la Federación Marítima, - publicaba el matutino local diario La Tarde- se efectuará esta noche a las 20 horas una manifestación pública de los obreros de la localidad. Ella, a juzgar por lo que dice un manifiesto que ha llegado hasta nosotros, tiene por objeto exteriorizar la protesta proletaria por los sucesos de Puerto Istueta.” Entre otras consignas, la protesta tenía como propósito manifestarse contra la parcialidad con que procedía el tribunal, sumado al hecho de que se denunciaba que la prensa local no le daba la trascendencia que el caso exigía.
La manifestación tuvo una concurrencia notable, y fue organizada por la FOM y el sindicato de Obreros Unidos, al cual pertenecían los dos peones asesinados. Unas 3.000 personas recorrieron varias calles de la ciudad, y se detuvieron frente al juzgado para reclamar la presencia del juez titular, Dr. Santos Ferreyra. Allí, el secretario del gremio marítimo, Luis Rosselli, conversó con el magistrado explicándole que la presencia de los manifestantes se debía al irregular desempeño del juez subrogante en el caso, Dr. Ricardo Solá. Ferreyra contestó que había llegado a Posadas precisamente para intervenir en el asunto, y les aseguró a los presentes que los culpables serían debidamente castigados.
Satisfechos con las palabras del titular del tribunal, los manifestantes se dirigieron hasta la Plaza 9 de Julio, frente a la sede de la gobernación del territorio, donde se levantó una tribuna obrera y en la que hicieron uso de la palabra varios oradores, entre ellos Luis Rosselli y Juan Sifredi, quien había elevado la denuncia de los crímenes al gobernador Guillermo Doll. Se destacó la presencia y actitud del Centro de Estudiantes Secundarios, representados por un orador.
El mitin se realizó en el mas perfecto orden y no se registraron ningún tipo de desmanes o enfrentamiento con la policía, “solamente frente al Tribunal algunos exaltados prefirieron gritos hostiles contra el Doctor Ricardo Solá, personas que no se pudieron identificar dada la cantidad de manifestantes, de dos mil quinientas a tres mil personas.”
En la contestación que enviara el gobernador de Misiones con fecha 22 de marzo de 1921, al pedido de informe que le hiciera el asesor de justicia de la Nación, Isidoro Moreno, Doll no solo describía en detalle los pormenores alrededor del crimen de Ríos y Villalva, sino que además, le aseguraba que en Puerto Istueta no se registraban para esa fecha ninguna situación que peligrara ni obstaculizara la marcha normal del obraje. Tampoco la presencia de alguna autoridad que “haya atemorizado ni aconsejado a los obreros para que no vayan a trabajar o a que abandonen el puerto de referencia.”
Por último, hacía referencia sobre la presencia policial a través de destacamentos apostados en Puerto Istueta, Ñacanguazú, Puerto Piray y Puerto Cazador, de los yerbales de los señores Herrera Vegas.
Pese al supuesto ambiente de calma que al parecer buscaba enviar a las autoridades nacionales el gobernador del territorio, los obreros misioneros siguieron denunciando que en los dominios de Carlos A. Sirito continuaban cometiéndose abusos a los pocos peones que trabajaban en el obraje.
Para buscar poner freno a esta situación y obtener resarcimientos para las víctimas, el sindicato Obreros Unidos, en una asamblea, decretó el boicot a Puerto Istueta y pidió la solidaridad a la FOM. La seccional local del gremio marítimo, por unanimidad aprobó la solidaridad y el boicot se hizo efectivo a partir del 15 de marzo. El mismo tenía las siguientes clausulas para su levantamiento:
“1o. Expulsión de todo el personal que tenga cargos en ese puerto, incluídos los de las oficinas.
2o. Indemnización para las víctimas y pago de los gastos que origine el boicot.
3o. Liquidar todos los haberes a los peones que fueron expulsados sin arreglo de cuentas.
4o. Al reorganizarse el obraje, debe ser de acuerdo con las condiciones que imponga la Federación.”
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