Durante la primera mitad del siglo XIX, la inestabilidad política y rivalidades entre Argentina, Brasil y Paraguay, - por entonces estados nacionales en formación- sobre el espacio misionero se dirimieron luego de la Guerra de la Triple Alianza. El fortín paraguayo de Trincheras de San José (hoy ciudad de Posadas) fue un punto estratégico antes y durante la contienda y el rol que jugó en el espacio permitió la formación de un poblado tras la expulsión de los paraguayos en los primeros años de la posguerra, desde donde se organización expediciones que partieron en busca de yerba mate para abastecer primero a las necesidades de las tropas aliadas y luego al incipiente mercado argentino.

El comercio en los primeros años de posguerra dio origen a una “primera generación” de una “elite local” que circuló en los ámbitos del poder político así como en la actividad extractiva de la yerba mate en la región Alto Paranaense que también defendió sus intereses motivados en la apropiación del espacio y los recursos económicos que motivaron el arbitraje con la intervención primero del Estado provincial y luego nacional para la reorganización urbana tras la mensura del pueblo y finalmente la creación del Territorio Nacional de Misiones.

1. La organización del Estado Argentino en la periferia: los Territorios nacionales y la construcción de las nuevas fronteras a fines del siglo XIX.

Las discusiones teóricas en torno a la construcción del espacio generalmente apuntan hacia dos direcciones: por un lado están quienes defienden la idea del espacio contenedor en el que no juegan ningún papel protagónico las relaciones de los seres humanos que lo habitan y por el otro los que sostienen que el espacio es social y dialécticamente construido en la interrelación habitantes-espacio (Milton Santos, 2008). Esta última perspectiva define la espacialidad como socialmente construida en el tiempo, donde se inscriben las huellas de la sociedad concentrada en las interacciones sociales con sus prácticas rutinizadas sobre las que se elaboran mapas, los cuales son un instrumento más para aprender a leer y descifrar al territorio que se percibe al igual que aquello que no vemos.

En la perspectiva social del espacio cobra relevancia la mirada de los procesos históricos y sociales donde se tienen en cuenta a los habitantes, las minorías, los espacios habitados, la identificación de hitos, diferencias económicas, jerarquías, símbolos y las estructuras de poder donde contribuyen con un rol activo los seres humanos que forman parte de un juego en el que tiene lugar la formación de clases sociales privilegiadas que acceden al control del aparato estatal y adquieren identidad entre esos actores durante el incesante proceso de formación y sostenimiento de sus hegemonías (Wallerstein y Balibar, 1988). Los cambios antrópicos son producidos en un espacio socialmente construido y condicionado por las necesidades del ser humano donde la naturaleza se humaniza y refleja las relaciones desiguales que surgen entre las clases sociales que ejercen entre sí diversos tipos de poder que generan una gran variedad de lugares socialmente construidos que difieren unos de otros por causas de orden económico.

En Argentina, a principios de la década de 1880 una vez culminada la campaña al desierto tanto en el Chaco como la Patagonia, cuando “el problema del indio” estuvo “resuelto”, tuvo lugar en esos espacios un importante remate de tierras públicas. Diferentes estrategias de negociación y cooptación fueron ensayadas por las élites del poder central posicionados en Buenos Aires para subordinar a las elites del interior que culminaron en la concreción de un proyecto que maduró en la denominada “generación del 80” luego de “apaciguar” a las provincias tras aplastar a sus principales caudillos rebeldes e incorporar a espacios “nuevos” por la fuerza como fue el caso de Formosa y Misiones al finalizar la Guerra de la Triple Alianza.

En todo el país las familias tradicionales terratenientes tanto de estancieros y militares emparentados que participaron en diversas expediciones, se hicieron dueñas de vastas extensiones de suelo usufructuándolos en calidad de propietarios ausentistas. En esa época también se remató la casi totalidad de las tierras fiscales del flamante Territorio Nacional de Misiones que permanecían bajo la tutela de la provincia de Corrientes, lo cual era sólo un síntoma de un estado más general de la situación que tenía su correlato en los países vecinos luego de la Guerra de la Triple Alianza, que se abrieron a la inversión privada extranjera para modificar definitivamente la anterior estructura económica.

En la posguerra se experimentaría el surgimiento de una nueva elite local, revelaría a una nueva clase dirigente sobre un espacio cuyo caso histórico particular – Misiones– que evidenciaba la integración por la fuerza al Estado argentino y una repartición deliberada entre un grupo de hombres que detentaban una u otra forma de poder (económico, político, militar). En tanto los sectores sociales que componían las clases bajas constituidas por grupos étnicos de indígenas y criollos que serian compulsivamente arrastrados en las siguientes décadas hacia los obrajes yerbateros y madereros como mano de obra barata en un proceso de constante proletarización.

Desde una perspectiva espacio-temporal, las “élites centrales” metropolitanas tendrían “geográficamente” ciertas ventajas de posición por sobre las élites situadas en las periferias -el interior- ya que estarían mucho más próximas a los centros donde generalmente se toman las decisiones (Pareto, 1980). La situación se verificó en Misiones cuando se produjo la transferencia de tierras fiscales a manos privadas a comienzos de la década de 1880 que favoreció la formación de un reducido número de propietarios jurídicos de la tierra, vinculados por un lado a las instituciones de carácter nacional y también a las que comenzaron a crearse en el nuevo Territorio para el ejercicio del poder y la soberanía argentina sobre ese espacio.

La presencia de nuevos cuadros administrativos para crear una burocracia del Estado Territorial debían ser afín al modelo político de país que se estaba consolidando entonces, donde también estaban presentes los miembros de las familias tradicionales de élite correntina que negociaron la cesión de Misiones a cambio de un reparto de sus recursos económico más importante: la tierra. De ese modo confluyeron en el espacio misionero dos grupos de poder, posibilitó la conformación de una segunda generación de la “élite local” que en términos generales se vio favorecida por una complementariedad de intereses políticos y económicos e incluyó al aparato burocrático a muchos miembros de la primera generación de la “elite local” gestada durante la Guerra de la Triple Alianza y consolido a partir de la década de 1870 al calor de la extracción de la yerba mate explorando la región altoparanaense.

La primera generación de la élite local poseía un poder escaso e influencias limitadas en comparación a los miembros de la segunda generación de la “élite local” que desembarcó a partir de 1880, que contaba desde su nacimiento con miembros poseedores de la propiedad jurídica de la tierra y una legitimidad reconocida en el ejercicio del poder en el ámbito nacional, heredada de sus familias patricias. Sin embargo, como ya se señaló, una parte importante de la segunda generación de la élite era “ausentista” ya que Misiones representaba tan solo un espacio muy marginal dentro del conjunto de sus negocios y propiedades esparcidos en otros puntos del país y también de la Provincia de Corrientes.

En ello radicaba la principal diferencia con el primer grupo ya que para muchos miembros de la primera generación de la élite local que se integraron y fusionaron para conformar la segunda generación – llegada mayormente desde fuera– la “élite local” consolidada luego de 1870, veía en los espacios institucionales que ofrecía el Territorio Nacional de Misiones un lugar propicio para potenciar y defender sus intereses más inmediatos. Por otra parte, la nueva capital – Trincheras de San José, ciudad de Posadas a partir de 1879– era el espacio en el que habitualmente desarrollaban sus labores cotidianas que al ser integradas a las dependencias del locales del Estado nacional su protagonismo adquiría mayor dinamismo.

2. La creación del Territorio Nacional de Misiones y el remate de tierras públicas: la subordinación de la primera generación de la elite local a una elite central.

La creación de los Territorios Nacionales puede enmarcarse dentro del contexto político y económico de la llamada “Argentina moderna” (1880-1930), como una respuesta que se presumía “transitoria” pero que sin embargo se mantuvo vigente por más de setenta años. Había nacido con la finalidad de dar una solución política a la cuestión de los espacios conquistados militarmente ⁰¹ y algunos fueron objeto de diversas disputas abiertas entre el Poder central y las provincias a partir de 1862 cuando fue gestando una progresiva centralización estatal en la que el gobierno nacional definió el ámbito de su incumbencia en desmedro de los derechos de algunas provincias ⁰².

El nuevo panorama implicó a principios de la década de 1880 una reactualización de alianzas, así como contradicciones entre la dicotomía unitarismo-federalismo, donde el Estado nacional albergó por un lado a estructuras descentralizadas y autónomas como las provincias y por otro a espacios centralizados y dependientes como las gobernaciones federales (Ruffini, 2007:20).

El Estado nacional priorizó el afianzamiento de su soberanía para detener disidencias y conflictos con las provincias díscolas, las cuales de no resolverse apuntarían a la dispersión en múltiples entidades independientes y fragmentadas. En la década de 1880 tuvieron lugar una serie de disposiciones que aumentaron las facultades del Poder Ejecutivo Nacional en detrimento de la autodeterminación de las provincias y modificó significativamente la relación existente hasta entonces; se suprimieron las milicias provinciales (1880), luego la unificación monetaria (1881) y una ley de impuestos internos (1881) que concretaron la unidad bajo el proyecto hegemónico liderado por la burguesía de Buenos Aires aliada fundamentalmente con las elites del Litoral y de la región cuyana (Ruffini, 2007:30).

La situación permitió la puesta en marcha de un proceso modernizador que dotó al Estado nacional de un aparato burocrático y un sistema jurídico que aseguró las condiciones necesarias para la expansión de un esquema productivo asentado en la economía agro ganadera de la Pampa húmeda. Una poderosa clase terrateniente estaba asentada en el poder central de Buenos Aires aunque una postura clásica de la historiografía sobre la formación de la clase terrateniente en el interior del país, afirmaba que “en todas las provincias argentinas el origen de la burguesía es en general idéntico” (Oddone, 1967: 255).

El caso del Territorio Nacional de Misiones fue particular ya que en 1881 a raíz de la disputa política entre Corrientes ⁰³ y el gobierno central, éste último creó la Gobernación de Misiones para incorporar un nuevo espacio al dominio nacional argumentando su necesidad ante hipotéticos conflictos entre las provincias o países vecinos (Ruffini, 2007:46). La cuestión del traspaso de Misiones a la jurisdicción del gobierno nacional dio motivos a la provincia de Corrientes para alegar sus derechos inalienables sobre aquel territorio ya que la fuente principal de sus recursos residía en “la administración de la tierra pública y el territorio de Misiones había aportado buena renta con la enajenación y la explotación de bosques y yerbales” (Cárcano, 1972:238).

En tanto, la enajenación de Misiones a la provincia de Corrientes era fundamental para dar un paso más en la consolidación de un ámbito de ejercicio pleno del Poder central sobre las provincias ya que el Gobernador de los Territorios Nacionales era nombrado por el Poder Ejecutivo nacional al igual que la Legislatura y el Poder Judicial mientras restringía la elección de los Jueces de Paz al primer mandatario territorial y un jurado de vecinos propietarios.

Para Jacinto Oddone la venta de las tierras de Misiones en 1881 respondió más bien a un hecho fortuito y no a una negociación entre el poder nacional con el provincial porque este último

no sabiendo qué hacer con el Territorio de Misiones, resolvió venderlo […] los compradores que en número de veintinueve […] adquirieron dos millones ciento un mil novecientos treinta y seis hectáreas (2.101. 936)”. Tal venta en efecto se realizó sobre mapas con dimensiones eran estimativas con un importante margen de error en el cálculo que sólo fue subsanado con las posteriores mensuras donde resultaron las dimensiones reales donde se halló un sobrante de 816.247 hectáreas “con gran sorpresa y a pesar […] por esa feliz circunstancia se salvaron del naufragio (Oddone, 1967: 264-265).

Al año siguiente una legislación para la colonización de tierras intentó enmendar las irregularidades cometidas en las ventas realizadas en 1881 y así la ley 1552 de Derechos Posesorios del 27 de octubre de 1882, reconoció en propiedad a sus ocupantes. Se les otorgó títulos sobre dos lotes – uno de 5.816 hectáreas y otro de 5.376–. Luego, el 3 de diciembre de 1882 se sancionó una ley de remate público y el gobierno nacional vendió – como en los casos anteriores– la tierra pública pero limitó su adquisición a cuarenta mil hectáreas por comprador con el compromiso de colonizarlas y estableció en el artículo 1º que se establecía la enajenación de todas las tierras de propiedad fiscal para licitarlas en remate público, no pudiéndose enajenar un área mayor de 250.000 hectáreas que estableció a su vez una base mínima de precios en los Territorios de la Pampa y la Patagonia de 0.20 centavos la hectárea, 0.30 centavos la hectárea de tierras de pastoreo para el Chaco –750 pesos fuertes la legua–(Oddone, 1967: 263-265:).

En el artículo 13º de la citada ley declaraba al Territorio Nacional de Misiones en su totalidad como “tierras de pan llevar” ⁰⁴ y estableció que una persona o sociedad no podía comprar menos de veinticinco hectáreas ni más de cuatro lotes en la misma sección (con un tope en 400 has) cuyo precio mínimo de venta era dos pesos fuertes y para el caso de Misiones, la extensión se reducía a cien hectáreas (Bartolomé, 2007:95-96). En 1891 fue sancionada otra ley de liquidación de tierras que eximió a los concesionarios de la legislación de 1882 de la obligación de colonizar así como de toda otra cláusula, siempre que devolvieran la cuarta parte de las tierras retenidas –si estaban situadas en los Territorios del Sur o la mitad si estaban en los del norte– o bien toda en propiedad si pagaban a razón de 1500 pesos por cada 2000 hectáreas pero “el resultado fue sorprendente, tanto que hoy, 39 años después de sancionada la ley, la mayoría de los concesionarios ni ha devuelto las tierras ni ha pagado un solo centavo” (Oddone, 1967: 260).

La visión particularmente negativa de Jacinto Odonne remarcaba los incumplimientos de los compromisos contraídos al momento de la adjudicación de las tierras y aseveraba que al igual que en todos los casos anteriores no se efectuó la colonización minifundista “aunque los adquirentes se comprometieron a hacerlo. Unas veces con el fin de “colonizar”, otras para “poblar”, otras para “liquidar” otras para obtener dinero, otras para “premiar”, y reafirmaba una vez mas que “la tierra pública en los Territorios, fue uno de los mayores escándalos conocidos” (Oddone, 1967: 265).

En tanto para algunos dirigentes a mediados de 1881, la federalización de Misiones era inminente sobre todo para los que gobernaban Corrientes debido a que la provincia poseía deudas heredadas de gestiones anteriores que eran del signo político partidario contrario al gobernante en el Poder Ejecutivo Nacional ⁰⁵ (PAN, Partido Autonomista Nacional). Sus dirigentes buscaron anticiparse con la venta de las tierras fiscales aun en su poder que debían pasar a jurisdicción nacional.

En 1881, el gobernador Antonio B. Gallino –un autonomista apoyado por el gobierno nacional– adujo ante la Legislatura correntina que con la venta de las tierras fiscales se cancelarían las obligaciones provinciales ya vencidas que además compensarían el déficit que desde 1878 que generó una emisión de deuda para la provincia, la cual fue emitida en bonos que estaban en manos de capitalistas y terratenientes como Gregorio Lezama. Una vez aprobada la venta de tierras fiscales, la misma se hizo en lotes de veinticinco leguas cuadradas trazadas sobre un plano existente en el Departamento Topográfico de la Provincia de Corrientes y el precio fijado osciló entre 500 $ y 1500 $ la legua cuadrada a pagarse al contado o en cuotas pero con la obligación de mensurar las tierras adquiridas en un plazo de diez años.

La casi totalidad de las operaciones de contado se pagaron con los bonos provinciales que estaban en manos de los capitalistas y especuladores que de ese modo se repartieron las tierras entre 29 propietarios, muchos de los cuales eran en realidad testaferros (Queirel, 1897). De ese modo un reducido grupo de personas allegadas al Presidente Julio Argentino Roca y al Partido Autonomista Nacional acapararon las tierras públicas de Misiones cuyos principales beneficiarios fueron José Gregorio Lezama ⁰⁶ con 607.464 hectáreas, el coronel Rudecindo Roca con 265.180 hectáreas y el Gobernador Antonio B. Gallino ⁰⁷ con 161.990 hectáreas, quienes pagaron por las compras con bonos provinciales y otros bonos nacionales que también estaban en poder de Gregorio Lezama, Rudecindo Roca y Antonio Gallino.

Podría afirmarse que Rudecindo Roca fue el exponente más paradigmático de una segunda generación de la “élite local” que estaba llegando desde fuera de Misiones ya que por sus relaciones personales –al igual que los demás propietarios ausentistas– estaban geográficamente más próximas a las élites centrales–era hermano del Presidente– . De todo el conjunto de hombres era el que estaba más directamente interesado en el nacimiento de una nueva estructura burocrática local, de la cual necesitaba con urgencia para ejercer como gobernador de Misiones para que se ocupase de las cuestiones administrativas locales así como de las necesidades más puntuales de una población mayormente desconocida para él, sobre la cual debía dar cuenta a las dependencia del ámbito nacional orquestadas para ese fin.

La gran subasta tuvo lugar unos meses antes de que su hermano Julio Argentino Roca –quien ejercía la presidencia del país– lo designara Gobernador de Misiones. La estrategia posibilitaba al poder central hacerse de un aliado confiable en una nueva entidad política que también posibilitaba a una familia de la elite metropolitana hacerse con una considerable extensión de tierras ya que la Ley de ventas vigente limitaba a veinticinco leguas cuadradas –67.000 hectáreas– la extensión que una persona individual podía adquirir ya que un año antes el Regimiento 3º de infantería – con sede en la ciudad de Corrientes –estaba a cargo del coronel Rudecindo Roca quien en el negociado de las tierras se valió de testaferros, los cuales en su mayoría eran militares subalternos de esa unidad bajo su mando. ⁰⁸

En igual sentido, tanto José Gregorio Lezama como Antonio B. Gallino se valieron de testaferros que luego cedieron sus derechos cuyos títulos eran transferibles, razón por la cual muchos de los prestanombres hicieron el traspaso de sus papeles al día siguiente. La mayor parte de las tierras adquiridas por Antonio B. Gallino luego fueron transferidas en venta unos meses más tarde a Gregorio Lezama ⁰⁹, poderoso hacendado y comerciante que había hecho fortunas comprando tierras en subastas públicas a muy bajo precio para revender a terceros.

Las tierras compradas por Lezama fueron vendidas en 1885 al Banco Nacional con opción de recompra, las cuales al año siguiente fueron traspasadas en su totalidad a un consorcio constituido por Domingo Ayarragaray, Emilio Reus, Álvaro Istueta y Martín Errecaborde como socio gerente. Esta sociedad perduró hasta el año 1907, cuando fue disuelta la razón social que los aglutinaba y algunos ex socios optaron por vender sus tierras a terceros mientras que otros decidieron permanecieron en posesión de las mismas (Costas, 1907:10).

En el año 1888, Martín Errecaborde compró en forma definitiva a José Gregorio Lezama 607.500 hectáreas que declaró “la efectuaba para la sociedad accidental, que había formado con los señores Ayarragaray, Istueta y Reus”. Luego a consecuencia de que la mayoría de los socios transfirió sus derechos a terceros, la sociedad perdió personería jurídica y se paralizaron sus operaciones, obligando a salvar las dificultades originadas mediante una transacción con los cesionarios del expediente de venta de tierras que se tramitó en el Juzgado Federal entonces a cargo del Dr. Ferrer y la Secretaría del Dr. Guiñazú, promovida por una acción legal del Banco Nacional en Liquidación bajo cláusula que establecía que la tierra comprada por la sociedad debía ser vendida para distribuir lo recaudado en proporción equivalente al derecho reconocido a los coparticipes de la sociedad porque se resolvió la venta como “ acto impuesto por la necesidad jurídica de liquidar una sociedad que se ha declarado disuelta por vía judicial”(Costas, 1907:11

No fueron objetados los trámites de mensura, amojonamiento y demarcación de los lotes, lo que facilitó el rápido acceso a los títulos de propiedad de las tierras en condiciones para realizar la transacción, designando “al copropietario, que debe otorgar las escrituras de transferencia al dominio para facilitar la realización inmediata de los actos reclamados por los contratos de compra y venta”. Las 243 leguas kilométricas –607.500 hectáreas– estaban divididas en tres fracciones desligadas unas de otras; la primera tenía una superficie de 270.000 hectáreas, la segunda fracción contaba con la misma extensión y la tercera abarcaba un área de 67.500 hectáreas (Costas, 1907:12).

Las tierras de Rudecindo Roca en el Territorio Nacional de Misiones sumaban un total de más de medio millón de hectáreas pero la mayoría fueron vendidas antes de finalizar el siglo XIX, las restantes por su esposa Teodósia Lencisa que enviudó en 1903 y otro tanto por sus sucesores. Cuando contrajeron matrimonio la primera dama tenía la edad de 26 años mientras su marido, el gobernador 10, ya era un hombre cincuentenario.

Entre 1881 y 1891 recogió varias denuncias por abuso y defraudación al Estado que fueron elevadas ante el Ministerio del Interior en una causa iniciada el 12 de marzo de 1889 por un vecino de Santa Ana junto a su secretario José Reyes, el Juez de Paz de Santa Ana y el Sargento de policía de esa localidad. Se lo acusaba por la creación de cargos para funcionarios a los que nunca se les efectivizó el sueldo –porque no existían–, la construcción con dinero público y venta al Estado de la casa de gobierno, el uso de los transportes públicos con fines particulares y el robo de ganado perpetrado por sus funcionarios, luego hallado en sus estancias.

Los autores de la denuncia eran dos periodistas vinculados al partido liberal mitrista de Corrientes y exponían públicamente a los máximos representantes de la segunda generación de la elite local: Rudecindo Roca y Antonio Gallino, ambos del Partido Autonomista Nacional. Luego, en un intento de llegar a la población letrada, suponían que la mayoría de la población misionera debía conocer el modo en que "se han repartido el pedazo de tierra más rico que tiene la República Argentina” para luego conmover la opinión pública nacional. En la denuncia, sin embargo, no mencionaban José Gregorio Lezama, el principal beneficiario de las ventas –fallecido en 1889– y tampoco a Martín Errecaborde, quien adquirió las tierras del anterior ya que preferían acusar con dureza a los dos primeros, de ese modo el conflicto al interior de las elites locales se evidenciaba con un claro trasfondo político y la disputa por el poder ponía en entredicho el modo en que ambos representaban al poder central localmente.

La denuncia circuló en forma de folleto el último año que Rudecindo Roca ejerció el cargo de Gobernador pero entonces era quien más tiempo permanecía ausente y quedaba a cargo de la gobernación el secretario de gobierno, lo que hace suponer que la acción tuvo su efecto, ya que al año siguiente renunciaría a su puesto. Al respecto afirmaban, “en caso que algunos creyesen exagerado cuanto asevero, no tienen más que pedir en el Departamento de Ingenieros Nacionales de esta capital o en la mesa topográfica de Corrientes, el plano general de Misiones” ¹¹.

Los denunciantes expusieron con crudeza la estrategia de la que se valieron los compradores para sortear los impedimentos legales y acaparar la mayor cantidad posible de tierras. Esos testaferros eran “los nombres de los jefes y oficiales de la guarnición interventora, al mando del entonces coronel Rudecindo Roca, como solicitante de 25 leguas; a estos agréguesele algunos parientes de éste y los de Gallino” y también “la mayor parte de los empleados que formaban parte de esa administración provincial y se convencerán de cuanto se ha dicho” (Romero y Cortés, 1890:2).

La escandalosa venta de las tierras fiscales de Misiones quedaria reflejada en la memoria y tiempo después resurgiría esporádicamente en las notas de los viajeros y exploradores quienes señalaban a los acontecimientos de 1881 como “el año funesto” (Queirel, 1897). Los latifundios obstaculizaron la fundación de colonias con inmigrantes europeos y contribuyo a mantener el Territorio escasamente poblado al punto que “en esta parte de Misiones [actual Puerto Piray] es muy difícil que pueda haber progreso, por las grandes extensiones de campo que poseen algunos pocos propietarios [Martín Errecaborde por entonces era el propietario de esa zona] lo único que se hace, es una explotación salvaje de las yerbas y maderas sin sembrar una cuarta de tierra” (Ambrosetti, 1892: 96).

3. El Territorio Nacional de Misiones: la ocupación del espacio y conformación de los grupos locales de poder en la segunda mitad del siglo XIX.

La política de ocupación sostenida por la provincia de Corrientes con anterioridad a 1881, había seguido el curso de la inacción en materia de fundación de pueblos y se prolongó luego de la irregular subasta de tierras públicas de ese año. En 1894 el Presidente Roque Sáenz Peña dejaría sin efecto y por decreto las ventas de propiedades que no habían cumplido con el requisito de mensura, cuyo plazo venció en 1891 y gracias a esa medida se recuperaron algunas extensiones para el fisco donde se llevarían a cabo las primeras experiencias de colonización exitosa.

La ocupación correntina había patrocinado una economía extensiva orientada fundamentalmente a la conformación de latifundios y la depredación de recursos naturales sin promover asentamientos agrícolas. Entre las décadas de 1870 a 1890, la realidad social y cultural del espacio misionero no cambió mucho; la población estaba compuesta en su mayoría por criollos provenientes de países vecinos como Paraguay, Brasil y Uruguay que desarrollaban una producción de subsistencia en una frontera donde predominaba la movilidad geográfica. También llegaban inmigrantes europeos “espontáneamente” pero no en sintonía con la Ley Avellaneda de 1876.

Los primeros intentos de colonización de Misiones se llevaron a cabo en 1877 por presión del Poder central, que en 1876 promulgó la ley Nº 817 de colonización e inmigración más conocida como “Ley Avellaneda”. En ese marco el gobierno Correntino organizó las primeras colonias sobre la base de los antiguos pueblos jesuíticos con población local y algunos “inmigrantes espontáneos” de origen europeo provenientes de países limítrofes; no obstante, la mensura efectiva de las colonias demoró hasta la federalización del Territorio.

En 1877, el gobierno de Corrientes aprobó la refundación de una serie de colonias agrícolas en las por entonces ruinas de Concepción de la Sierra, San Javier, Apóstoles, Mártires, Candelaria, San Ignacio, Corpus y San José. Sin embargo, no se realizaron las mensuras correspondientes hasta la década siguiente que en 1883 fueron mensuradas, mientras Concepción de la Sierra fue mensurada por el agrimensor Fructuoso Mattoso en 1878 y Trincheras de San José lo había sido en 1872 por Francisco Lezcano y sólo este último no había sido un pueblo jesuítico.

El encargado de mensurar las colonias sobre la base de los antiguos pueblos jesuíticos fue el agrimensor Rafael Hernández entre 1882 /1883. Los antiguos pueblos jesuíticos albergaban a familias dedicadas a la economía extractiva y no contaban con escuelas, policía y otras dependencias estatales. El relativo aislamiento de esas poblaciones era un obstáculo para la integración fluida con el resto del país. Candelaria, Santa Ana, Loreto, San Ignacio, Corpus, Mártires, Apóstoles, por entonces eran “sólo ruinas y montones de piedras superpuestas y sus habitantes estaban dispersos en los alrededores “treinta o cuarenta chozas humildes, con habitantes desnudos, hambrientos y semi salvajes, que se mantienen ellos y sus perros, con maíz y naranjas silvestres” (Hernández, 1887: 46)

Durante su estadía dejó algunas impresiones sobre su percepción respecto a los hábitos de la población a las autoridades nacionales que fueron publicadas primero en el diario La Nación y finalmente en 1887, en un libro que recopiló la totalidad de sus cartas, conformando un epistolario que buscaba llamar la atención del lector sobre la necesidad de construir y fortalecer los lazos de la identidad nacional que alertaba porque “la mayor parte de la población está en los montes, invisible e inaccesible, diseminada en las costas de los arroyos o trabajando en los yerbales. Su idioma es una mezcla de guaraní, paraguayo, correntino y brasilero, siendo el menos usado el castellano” (Hernández, 1887: 47).

Uno de los mandatos del Poder central para la organización jurídica e institucional del Territorio Nacional de Misiones planteaba como prioridad el establecimiento de poblaciones e instrumentos de gobierno del Estado Argentino como medida tendiente a la transformación del escenario social para “nacionalizar” a sus habitantes y “argentinizar” a la población del Territorio. De allí que fueran necesarias las escuelas como principal instrumento para incorporar el uso de la lengua castellana ya que “allí la solidaridad nacional está quebrantada por completo; no puede decirse que el correntino del norte y misionero sean realmente argentinos por el sentimiento” (Hernández, 1887: 47).

La diferencia de los usos idiomáticos era presentada por Hernández como la barrera más poderosa para la construcción del nuevo sentido de identidad nacional porque era “más fácil estrecharnos con los europeos que con esta fracción de nuestros compatriotas. Aquí somos más estrangeros que el inglés en Buenos Aires”. La situación era expuesta con alarmismo y advertía que “a los castellanos nos distinguen con el nombre genérico de Tagué y muchos nos llaman simplemente colonos. Para evitarlo no hay mas medio que la escuela” (Hernández, 1887: 48).

Para la generación del 80´ la escuela debía construir una identidad nacional anclada en un modelo eurocéntrico que negase la diversidad cultural de la población local. En ese sentido era necesario inculcar a los niños una simbología patria cuyo objetivo era generar cierto aprecio a la unidad nacional lograda recientemente y crear en sus ciudadanos el vínculo afectivo con la Nación ya que la esencia de ésta “es que todos los individuos tengan cosas en común” y que “también todos hayan olvidado muchas cosas” (Renán, 1882: 56-57), entre otras, los idiomas y costumbres regionales ¹².

Para Rafael Hernández el mandato alberdiano de “gobernar es poblar” plasmado en la Ley Avellaneda, debía complementarse inmediatamente con el proyecto sarmientino de crear escuelas, incluso en los puntos más remotos para “aumentar su número, difundirla hasta en estas pequeñas aldehuelas y en los vecindarios yerbateros que habitan el centro de los bosques, es la única manera de elevar su condición y fortalecer los vínculos de la nacionalidad” (Hernández, 1887: 30).

La expansión territorial del Estado Argentino resultante de la resolución de los conflictos en la frontera interna despertó el interés en algunos círculos del poder nacional por explorar los espacios limítrofes donde la declamación de la soberanía requería población estable, instituciones de gobierno y vías de comunicación para “defender la frontera”. Para ese fin el Estado debía organizar y sostener las colonias con inmigrantes europeos pero la iniciativa chocó en Misiones con los intereses económicos de empresarios yerbateros y los que acapararon las tierras públicas.

La provincia de Corrientes reclamó la posesión de derechos históricamente probados sobre Misiones pero el gobierno nacional le achacaba que bajo su poder de ésta “nada hizo por él, sino es oprimirlo y tratar de obtener alguna renta”. En una de sus cartas, Rafael Hernández expuso la situación del Territorio Nacional a la opinión pública de los círculos ilustrados de Buenos Aires y sin nombrarlos directamente, hizo mención tácita a Antonio Gallino, Rudecindo Roca y José Gregorio Lezama refiriéndose como autores de “el último saqueo de Misiones […]Mi opinión franca es que, no pasan de tres los que medraron con tales manejos y esos quizás son los que menos conservan terrenos” aunque la provincia justificaba que las enfiteusis y permisos de explotación de yerba mate que autorizaba periódicamente le rendían recursos a las arcas provinciales hasta la venta de las tierras públicas “enajenó a vil precio todo el territorio, bajo la forma de ciertos certificados de deuda pública que se prodigaron como cosa sin valor, para adquirir con ellos inmensas concesiones de cientos de leguas” (Hernández, 1887: 20)

Luego de la primera gestión del gobierno territorial, las expediciones de reconocimiento y exploración promovidas por el Estado comenzaron a tener cierta regularidad así como las promovidas por los grandes latifundistas como Gregorio Lezama, quien financió una de las más rememoradas travesías que tuvo lugar en 1883. El terrateniente había contratado a los más reconocidos exploradores de las Altas Misiones, de los que se destacaban los italianos Adamo Luchessi, Carlo Bossetti y el capitán Giacomo Bove. Esas excursiones eran para Rafael Hernández, la prueba definitiva de que Misiones empezaba a salir del estado de barbarie para abrir sus tierras al capital y los brazos que la trabajarían ¹³.

La consolidación de los latifundios con la propiedad jurídica de la tierra en pocas manos favoreció la especulación con la reventa así como la explotación extensiva de los recursos naturales y consolidó a partir de 1881 como miembros de una “élite local” propietaria a un reducido número de personas allegadas al Poder ¹⁴. La fusión de una primera generación de una elite local surgida luego de 1870, con otra elite llegada desde fuera que se caracterizo por la apropiación de tierras primero a partir de 1881, que promovió la exploración del Misiones eran la antesala de una explotación más intensiva de los recursos naturales que a partir de entonces incluyó a la extracción de maderas de ley.

Al nuevo panorama productivo se sumó la decisión de hacer efectiva la soberanía y consolidar en Misiones las instituciones del Estado Nacional argentino. Las exploraciones consolidaron nuevas rutas de comunicación que estimularon el acceso de embarcaciones al circuito fluvial ¹⁵y desde la perspectiva de la época planteaba un desafío al Poder central hacer efectiva la integración de Misiones. La construcción de la Argentina moderna suponía entre otros aspectos, el uso del castellano como idioma oficial junto a población y capitales para concretar el proyecto de la generación del 80´ y por su particular ubicación geográfica ¹⁶ y condicionamientos lingüísticos locales era vista como vulnerable a los síntomas de disgregación que operaban en un espacio limítrofe donde el portugués y el guaraní eran las lenguas de pueblo mientras que el castellano estaba reducido a las minorías que habitaban los centros urbanos como Posadas y Concepción de la Sierra.

El Poder central veía a los territorios Nacionales como espacios marginales que debían depender de las autoridades nombradas por la Nación hasta tanto logren condiciones de gobernabilidad y autosuficiencia económica y por esa razón la administración de tierras, impuestos o recaudación eran realizadas por funcionarios designados por el Gobierno Nacional. Las únicas elecciones eran las previstas por la ley 1.532 correspondientes a los Jueces de Paz y Concejos Municipales en las localidades con más de mil habitantes.

La particular situación geopolítica de Misiones le imprimía una característica única dentro del conjunto nacional debido a los escasos 100 kilómetros la “unían” al territorio argentino mientras el 90% de su territorio limitaba con otros Estados nacionales. Los primeros gobiernos procuraron la organización de vías de comunicación estables, valiéndose en principio de la ruta fluvial del Alto Paraná para vincular Posadas con el espacio económico que se extendía y abarcaba incluso al puerto paraguayo de Tacurú Pucú –en el extremo navegable del Alto Paraná– y por el Alto Uruguay hasta las ciudades San Javier y de Concepción de la Sierra. Rudecindo Roca (1882-1891) promovió durante su mandato la exploración de las vías fluviales, la consolidación de caminos y picadas además de afianzar las instituciones del Estado argentino valiéndose para ello tanto de recursos estatales como la iniciativa privada. La misma política tuvo continuidad en el período del mandato del coronel Benjamín Moritán (1891-1893) y para entonces ya se registraba un notable incremento del tráfico fluvial con líneas regulares de vapores.

La federalización de Misiones fue el resultado de una larga disputa por un espacio con múltiples contrastes respecto a las demás provincias argentinas y más notables aún si se tiene en cuenta que no existía una clase social local con suficiente poder económico y político como para influir en los ámbitos nacionales que constituyera una “élite local” antes de 1880. Lo que denominamos la élite local surgida a partir de 1870 se limitaban casi estrictamente al ámbito de sus intereses más inmediatos surgidos como respuesta al reacomodamiento de la situación de posguerra en un espacio económico que comenzaba a abrirse a las relaciones de intercambio y fronteras nacionales muy flexibles, prácticamente sin controles que representaban un área periférica incluso para la provincia de Corrientes que la incorporó bajo su tutela, como área subsidiaria de sus élites que buscaron profundizar el desarrollo de un modelo económico de ganadería extensiva ¹⁷.