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Estas fuentes documentan las graves denuncias de corrupción y abusos territoriales cometidos por Marcelino Palacios en la región de Itapúa, Paraguay, a principios del siglo XX. A través de artículos periodísticos y correspondencia privada, se expone cómo este administrador de latifundios usurpó tierras fiscales y sometió a los pobladores locales a desalojos y cobros arbitrarios. Los documentos revelan un sistema económico cerrado en Puerto Cantera, donde se obligaba a los trabajadores a utilizar una moneda privada emitida por la propia administración en lugar de la divisa nacional. Los testimonios de figuras como Pedro de Llamas y Julián Bouvier destacan la complicidad de las autoridades gubernamentales ante estas estafas que afectaron la soberanía del país. En conjunto, el material sirve como una crónica histórica de la lucha contra la impunidad de los grandes terratenientes extranjeros y la desprotección del patrimonio paraguayo.
En los bordes difusos del Alto Paraná, allí donde la selva muerde el agua y la justicia asuncena se diluía en la espesura, existió un territorio que operaba como una nación extranjera dentro de la propia. A principios del siglo XX, en este enclave paraguayo, la bandera nacional era un adorno ignorado y el peso paraguayo un papel sin valor. En el centro de este esquema de soberanía secuestrada se erigía la figura de Marcelino Palacios, administrador de latifundios cuya sombra se extendía frente a la actual ciudad de San Ignacio Misiones. Su historia, rescatada de los archivos de denuncias periodísticas y cartas desesperadas, no es solo un registro administrativo; es una crónica de realismo trágico donde el despojo se volvió ley y el hombre, mercancía.
En El “Reino” Puerto Cantera —también conocido como Puerto Trinidad—, Palacios instauró un sistema de “moneda propia” que funcionaba como un grillete económico. Allí, el administrador despreciaba abiertamente el circulante nacional, exigiendo para el pago de arrendamientos únicamente papel moneda argentino o, en su defecto, sus propios “vales” de cobre.Estas fichas, acuñadas en valores de 0,10 a 5 pesos, portaban una inscripción que revelaba la perversión del sistema: “VALE EN MERCADERIAS” . No eran dinero, sino boletos de consumo obligatorio en la proveeduría de la empresa. Al pagar a los mensúes con estos metales, Palacios anulaba su libertad económica, encadenándolos a un mercado cautivo donde el patrón fijaba el precio del pan y del sudor. Como denunció Julián Bouvier, Palacios “fabricaba monedas argentinas” en su establecimiento, suplantando al Estado y pagando a sus peones con un metal que solo servía para devolverle el capital al mismo opresor.
El poder de Palacios no se limitaba a la caja de su tienda; se extendía sobre la tierra misma a través del robo sistemático de propiedades fiscales. Bajo el nombre de “Zona Grande”, se consolidó un latifundio de 20 leguas que era solo una pieza del rompecabezas del expolio: Barthe controlaba 100 leguas y La Industrial Paraguaya otras 250.Sin embargo, el verdadero rostro de esta tragedia aparece en el “croquis explicativo” de la época, que muestra una lonja poblada por 281 familias en los distritos de Jesús y Trinidad . Estos pobladores, cuyas raíces se hundían en el suelo paraguayo, fueron despojados de su salida al río Paraná, quedando aislados y a merced de las “descabelladas cobranzas” de Palacios. El negocio era redondo y cruel: compraban tierras fiscales a 32 centavos la cuadra para luego exigir 100 pesos argentinos por el mismo pedazo de suelo. El cronista Bouvier lo describió con una imagen desoladora: los caminos, otrora transitados, estaban “casi borrados del todo” porque las amenazas de Palacios habían despoblado el departamento. Era la “inmoralidad administrativa” en su máxima expresión, una comparsa de “cuarenta contra uno”, similar al cuento de Alí Babá, donde los gobernantes saqueaban a su propia patria.

El hedor del trato llegó a la capital, ganándose el epíteto de un “escandaloso Panamá paraguayo”. Esta no era una falta menor; era una estafa de nivel internacional que dejaba atrás cualquier otro affaire previo. El cronista de “Los Principios” no escatimó en señalar a los culpables: ex-presidentes, ministros y congresistas que vendían el honor y las tierras de una nación “diezmada por una guerra sin cuartel” al oro extranjero .Resulta indignante constatar que, mientras el patrimonio nacional era entregado, los parlamentarios mantenían un silencio comprado con sueldos de “dos mil pesos mensuales”. La “corrupción que vino de las alturas” permitió que las selvas pletóricas de maderas preciosas fueran regaladas a especuladores, mientras los vecinos de Jesús y Trinidad eran abandonados a su suerte frente a los manoteadores de guante blanco.

Denunciar a este “Estado dentro del Estado” tenía un precio físico. Pedro de Llamas y Julián Bouvier fueron los rostros de la resistencia. De Llamas, en particular, vivió bajo la constante sombra de la muerte, siendo “encepado” (inmovilizado en un cepo) en múltiples ocasiones, apresado y amenazado por el simple hecho de informar.La estrategia de Palacios para defenderse era el asesinato de imagen. Ante los ministerios en Asunción, calificaba a los denunciantes de “locos”, “borrachos” o “calumniadores”, invirtiendo los valores morales de tal forma que a los ladrones se les abrazaba y a los hombres honrados se les pagaba con una patada. La ironía era tan amarga Bouvier comentaba asi como en las estaciones de Londres existían carteles que decían “Cuidado con los ladrones” en la punta de Itapirú debía ponerse uno que dijera: “¡Cuidado con la gente honrada!” .
A pesar de la vigilancia y la traición, el periodismo de investigación fue el único bastión de soberanía. En 1915, Pedro de Llamas logró un golpe contundente: envió facsímiles de las monedas de cobre de Puerto Cantera a los diarios de Asunción, como El Municipio y Rojo y Azul . La evidencia física del delito fue tan irrefutable que el gobierno se vio obligado a retirar la moneda privada de circulación.Años después, en 1918, Palacios intentó restaurar sus vales, pero la presión mediática volvió a frenar el atropello. Fue una victoria de la tinta contra el latifundio, demostrando que incluso en los rincones más oscuros del Alto Paraná, la verdad podía encontrar una grieta por donde filtrarse.

La historia de Marcelino Palacios es la crónica de una herida que aún supura en el territorio paraguayo: la lucha entre la soberanía nacional y el capital sin escrúpulos. Al recordar este feudo y sus monedas de cobre, regresamos a la advertencia que Pedro de Llamas plasmó en su carta de 1907 dirigida a Don José D. Acosta: allí, en la “Zona Grande”, se pretendía imponer sistemáticamente “la razón de la fuerza” por sobre la fuerza de la razón .Hoy, un siglo después, cabe preguntarse: ¿hemos logrado erradicar esos feudos donde el interés privado dicta su propia ley, o persisten todavía sombras en el Alto Paraná donde la fuerza sigue siendo la única razón que los desposeídos conocen?
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